Municipios de Valparaíso, San Antonio y San José de Maipo destacaron el rol de las comunidades en la gestión de riesgo de desastres en el panel de conversación “Experiencias municipales en la construcción colectiva de la GRD”, parte de las actividades que el Programa Riesgo Sísmico ha impulsado para conmemorar los 120 años del terremoto de Valparaíso de 1906.

A la actividad asistió Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Desastres de la Municipalidad de Valparaíso; Juan Carlos Ortiz, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San Antonio y Felipe Acevedo, Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San José de Maipo. La moderación del espacio estuvo a cargo de Kevin Albarrán, investigador del PRS.

El diálogo permitió dar a conocer las problemáticas comunes que enfrenta cada territorio cuando ocurre una emergencia o escenario multiamenaza, la importancia del vínculo que han construido junto a las comunidades y cómo su conocimiento territorial puede aportar a la elaboración o fortalecimiento de planes para gestionar la ocurrencia de nuevos desastres socionaturales.

“Las capacidades del Estado y los municipios no son robustas, por lo tanto se requiere fortalecer la respuesta desde la comunidad. Este trabajo tiene cierta particularidad, ya que las comunidades son estructuras sociales complejas, donde conviven diferentes actores. (…) Hay una palabra que es super importante en esto, que es el fortalecimiento de la confianza, cuando se pierde es súper difícil articular acciones”, comentó Felipe Acevedo.

Uno de los puntos de consenso de los panelistas radicó en la necesidad de abordar la gestión de riesgo no solo desde una perspectiva top-down, sino que también desde un enfoque button-up, es decir, donde el conocimiento comunitario repercuta en las decisiones técnico institucionales.

Esta visión, comentó Ubaldo González, es la que se ha implementado en Valparaíso, ciudad que presenta importantes índices de vulnerabilidad social, con 53 campamentos y una población constituida con un 20% de adultos/as mayores y 5% de personas migrantes. “El mayor aprendizaje de esta interacción es que una misma variable de amenaza a dos sectores les puede afectar de manera totalmente distinta. Las comunidades, por lo tanto, no son solo receptoras de ayuda, sino que también capacidades comunales”, indicó.

Para Juan Carlos Ortiz esto implica una tarea institucional: “Nosotros tenemos que tomar apuntes, guardar ese conocimiento. En San Antonio tenemos un compilado de lecciones aprendidas, pero no siempre esta memoria histórica queda en los planes de emergencia porque a veces las normativas son un poco rígidas y estandarizadas”.

Favorecer este intercambio implica, entre otras medidas, la creación de mapas de riesgo participativos, la formación de Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT), sistemas radiales comunitarios y la microzonificación participativa del riesgo.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de la Ley 21364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), sigue siendo la prevención y presupuesto. Y para los panelistas, es necesario que la normativa siga perfeccionándose, actualizando los instrumentos, otorgándoles mayor flexibilidad territorial e incorporando diagnósticos participativos con las organizaciones. Ya que el conocimiento del territorio no es suficiente sin recursos financieros, logísticos y potestades públicas que lo sostengan.

El video completo del panel de conversación está disponible en youtube.com/@prsismico